Laporta y dos directivos del Barcelona imputados por estafar 100.000 euros a una inversora en caso que sacude el club
Un tribunal barcelonés ha imputado a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, junto a otros tres directivos por presunta estafa agravada de aproximadamente 100.000 euros. Los acusados comparecerán ante el juzgado el próximo 16 de enero. La denuncia proviene de una inversora que recuperó apenas 12.500 euros de su dinero entregado a dos sociedades vinculadas a los imputados, que prometían rentabilidades del 6% anual.
La investigación judicial se centra en dos empresas: Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong. Ambas ofrecían a inversores oportunidades comerciales bajo la supervisión de reconocidas personalidades del deporte y los negocios. Los acusados además de Laporta incluyen a Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona; Xavier Sala i Martín, economista y exdirectivo; y Joan Oliver, exdirector general del club durante el primer mandato de Laporta.
La querella fue presentada tras un documental periodístico que reconstruyó casos similares de supuesta estafa. La inversora afectada manifestó haber sufrido la misma situación tras ver el reportaje, lo que la motivó a iniciar acciones legales con asistencia de abogados especializados. La jueza ordenó que comparezcan también representantes de ambas sociedades mercantiles en la audiencia judicial programada.
En 2016, la afectada recibió propuestas de inversión con condiciones que presentaban alto atractivo financiero. La primera consistía en participar en un plan estratégico para promover el ascenso del CF Reus en categorías superiores mediante Core Store, ofreciendo rescate anticipado del capital. La segunda proponía crear una academia de formación futbolística en China inspirada en La Masia del Barcelona, con intercambio de jugadores con un club chino.
La mujer depositó 50.000 euros en Core Store bajo contrato de préstamo a cinco años con intereses anuales del 6%, y 54.000 dólares adicionales en CSSB Limited. Ambas inversiones fueron supervisadas por Joan Oliver como administrador y representante legal. Los imputados aparecían como impulsores y garantes de los proyectos, lo que reforzó la confianza de la inversora en la viabilidad de la operación.
Cuando la afectada requirió información actualizada sobre el estado de sus inversiones, recibió únicamente respuestas evasivas de las sociedades. Esta falta de transparencia la dejó sin capacidad para valorar objetivamente la legitimidad de lo que había invertido. El silencio y la ausencia de reportes financieros se mantuvieron durante años, generando creciente preocupación sobre el destino de sus fondos.
Tras insistentes reclamaciones por incumplimiento de pagos, la inversora recibió solamente 12.500 euros el 5 de agosto de 2024, aparentemente como gesto de cumplimiento parcial. Los imputados, según la querella, nunca tuvieron intención genuina de honrar sus obligaciones financieras. Un comunicado posterior de un abogado de Andorra reconoció la justificación de la reclamación pero no materializó pagos posteriores.
La conexión de Laporta con la operación se vería acreditada por correspondencia oficial que la inversora recibió de Mañana Giogadze, secretaria del presidente del Barcelona desde hace años. El correo, enviado desde el despacho de Laporta, reconocía una liquidación de intereses de 216 euros vinculada a un contrato suscrito con Core Store. Esta evidencia documentada vincula directamente al presidente azulgrana con las sociedades investigadas.
